Claudia, la hija de Daniela Campos, desaparecida el pasado enero parece ser una más, de las víctimas que integran la extensa lista de desaparecidos en el país. “Me da terror pensar siquiera que mi hija es víctima de una red de delincuentes”, afirma Daniela, angustiada, mientras nos cuenta que la joven de 18 años se fue de Yacuiba a Argentina por una supuesta oferta laboral que la terminó alejando de su familia; a tal punto que el día de hoy se desconoce su paradero. “Las llevan con engaños, ocultadas en camiones”, afirma una comerciante que apostada en el Puente Internacional de Yacuiba vende chinelas.
En dicho puente el delito se respira en el aire, el tráfico comercial entre Bolivia y Argentina es sin duda intenso, bagalleros van y vienen de un lado a otro como también lo hacen camiones de alto tonelaje, los testimonios sobre trata y tráfico de personas son innumerables. Este delito es uno de los que más dinero atrae, razón por la cual en los últimos años el ilícito se ha incrementado en Bolivia a tal punto que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló 392 empresas que mantenían casi 5000 trabajadores, en su mayoría bolivianos, en condiciones de contratación paupérrimas en Argentina.
Según la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, hay muchos casos más sin ser denunciados, sobre todo debido a que la red de Trata y Tráfico, emplea métodos certeros para ubicar personas que precisan de trabajo, “principalmente son personas del área rural, de entre 12 y 17 años”, explicó
Según las estadísticas, el año 2008 se registraron 220 denuncias de Trata y Tráfico de Personas. El 2009, 286 y el 2010, el índice se redujo a 256 denuncias. Sin embargo en los últimos meses del año 2011, nuevamente las denuncias aumentaron. La mayoría de las víctimas son mujeres, que con engaños son llevadas a otras regiones del país, inclusive al exterior con fines de explotación sexual o trabajo en condiciones de esclavitud.
Las zonas fronterizas como Yacuiba, Bermejo y Villazón son las regiones donde se han registrado más casos de Trata y Tráfico de Personas, cada año 15.000 niños bolivianos salen por dichas fronteras sin permiso de los padres. “Desde Bolivia salen niños niñas, sin que el Estado pueda ejercer un control ante la carencia de políticas públicas para atender esta problemática. Hay lugares donde no hay control ese sólo es un referente para indicar la magnitud de lo que significa”, dijo el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.
La peligrosa frontera
Salvador Maza en Yacuiba
El número de casos en Yacuiba, es alarmante, la oficial mayor de Desarrollo Humano y Cultura de dicha región, Leslie Alemán manifestó que cuando era responsable de Migraciones recibió una infinidad de denuncias sobre explotación sexual a menores de edad, sobre el traspaso de niños en camiones ocultos, entre otros, “es bastante terrible”, enfatizó.
Sin embargo en esta región hace mucha falta un estricto control, el responsable de Migración en Yacuiba, Jaime Ardaya, reconoce como vulnerable la frontera que une a ambos países. “Vulnerable porque es extensa, tiene pasos no habilitados. Nosotros hacemos esporádicamente (patrullaje), no regularmente, pero tratamos, en lo posible, de controlar”, dijo.
De la misma forma un funcionario argentino de Migración nos contó que hay cuatro o cinco “pasos clandestinos constituidos” en un radio de 50 kilómetros, que son custodiados, muchas veces sin éxito. Agregó que esta es “una frontera imposible” de controlar, porque para hacerlo con eficacia se necesitaría un gendarme por cada 20 metros.
El capitán Juan Peña Rojas, responsable de la oficina de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), explicó que los implicados en este negocio evaden los controles migratorios de Yacuiba en Pocitos-Bolivia y Pocitos-Argentina. “Lo que hacen es evitar ese control migratorio y se van por sendas adyacentes y por lugares no autorizados”, resaltó.
Según el delegado por la Subprefectura de Gran Chaco, Henry Medrano, Bolivia y Argentina tienen un Comité binacional de Integración, conformado por autoridades civiles y militares que se encuentran para analizar temas conflictivos de ambos países. Sin embargo, hasta ahora la trata de personas no ha sido asunto de debate en esa instancia.
El acuerdo
Por un acuerdo mutuo, en la zona rige un permiso especial: el Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF), que es un documento otorgado a los habitantes próximos a ambos bandos con el propósito de que puedan circular libremente a 50 km a la redonda. La mayor parte de las personas llega al puente internacional con su TVF, del que se valen comerciantes argentinos para hacer sus compras a través de los bagalleros, hombres, mujeres, ancianos y niños que cargan mercaderías de un lado a otro.
Detectaron unos 5000 trabajadores en condiciones de esclavitud
En el marco del programa de control de precariedad laboral que se inició en febrero de este año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló 392 empresas que mantenían casi 5000 trabajadores en condiciones de contratación paupérrimas.
En el podio de las primeras actividades que más precarizan, se encuentra el sector agropecuario y actividades relacionadas, los talleres textiles truchos que trabajan para las grandes marcas, la construcción, y el servicio forestal.
Los datos surgen del primer Informe Semestral de controles en todo el país, elaborado por los técnicos del área Seguridad Social del organismo que conduce Ricardo Echegaray, sobre la base de los operativos realizados por más de 2000 inspectores.
El trabajo destaca que, desde febrero de 2011, se intensificaron las tareas iniciadas en 2009 e inspeccionaron 32.346 establecimientos, de los cuales 392 representaron casos extremos de precariedad que impactaban en 4969 trabajadores.
De ese total, el 50,4% presentaban irregularidades, el 42,9% ni siquiera estaba registrado, y un 6,7% eran menores o indocumentados. Además, 106 empleadores de los 392 totales fueron denunciados por distintos delitos vinculados al trato inhumano de los empleados.
En el detalle por sectores de la economía, el informe de AFIP especifica que de los casi 5000 trabajadores encontrados en situación de precariedad, más de 3000 están en el sector agropecuario, rural y actividades relacionadas tales como explotación hortícola, olivícola, desflore de maíz y cereales, vitivinícola, cosecha de frutas y papas.
El segundo lugar lo ocupa la construcción y la fabricación de ladrillos, con 646 empleados esclavizados. El tercer puesto de los abusos lo pelean el sector Forestal, con 545 trabajadores, y las estrella de la ilegalidad en los últimos años, los talleres clandestinos de confección de indumentaria. Este sector, con fuerte presencia en distintos barrios de Capital Federal, el cono urbano y algunas zonas de Córdoba, se descubrió en su mayoría empleados de nacionalidad peruana y boliviana indocumentados y hacinados.
Además, en la consulta con los empleados, se especificaba que la ropa confeccionada bajo condiciones de esclavitud era un “servicio tercerizado” para marcas de ropa deportiva y otras grandes nacionales e internacionales como Ossira, Levi’s, Rapsodia, La Dolfina, AllÔ Martínez, Lacoste, Cardon, Yagmour, Kevingston, Kosiuko, Paula Cahen d’Anvers, Bensimon, Tucci y Montagne.
Paradójicamente, los sectores que más precarizan han tenido una rentabilidad elevada en los últimos años: según datos del fisco, y por citar sólo algunos casos, el rubro textil obtuvo en 2010 una renta del 7,8%, la construcción alcanzó el 9,7%, mientras que las aceiteras y exportadoras de granos tuvieron ganancias del 11,6%.
“La ilegalidad se da en estas actividades porque son las que están ocultas”, explicó una fuente de la AFIP. Y esto se percibe en los números, ya que los rubros de comercio y supermercados, por ejemplo, registraron niveles de informalidad casi nulos.
El último caso resonante encontrado fue el de un patrón de nacionalidad boliviana que, en la localidad mendocina de Guaymallén, tenía empleados en la construcción de un barrio cerrado a 17 compatriotas indocumentados. Lo más grave es que el empleador era un millonario que evadía impuestos y que es dueño de de una constructora e inmobiliaria ilegales.
Onofre Paco Vega, el empresario en cuestión, era accionista y director de Chilcaneños SA y que jamás realizó pagos a la AFIP por Ganancias, IVA o Bienes Personales. Además, se determinó que realizó al menos 58 operaciones de compra-venta de inmuebles en los últimos tres años por un valor superior a $us 5,5 millones.
Víctimas de la migración y trabajos
en situación de esclavitud
niñas de 10 años
En marzo de este año, una niña boliviana de 10 años fue trasladada agonizante al hospital de Santofany, en el barrio Flores de Buenos Aires, donde hay una fuerte presencia de bolivianos. Sus padres la habían torturado, arrancado las orejas y el cabello y destrozado con una patada sus intestinos y su vagina, porque ella se negó a trabajar en un taller. El Cónsul General de Bolivia relata que en Argentina no se había visto un caso de ese tipo. La niña sobrevivió.
niña de seis años
Una niña de seis años, cuyos padres trabajaban en un taller, fue ultrajada por el hijo del dueño de la fábrica y que desistieron de denunciar el hecho por temor a que el padre perdiera el empleo. La situación llegó a tal extremo que la pequeña, que se hallaba internada en un hospital, pues necesitaba una reconstrucción vaginal, fue raptada del nosocomio por sus padres, que desistieron de la denuncia.
Red de Trata y Tráfico de Personas
será creada hoy
La Red Boliviana de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas (RABTT) será creada hoy al mando de la Defensoría del Pueblo e instituciones gubernamentales y de la sociedad que tiene el objetivo principal de frenar estos delitos en el país.
La conformación de esta Red fue anunciada por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena el pasado 8 de julio, en la conclusión del Primer Foro Internacional sobre Trata y Tráfico de Personas que fue organizado por la Defensoría con el auspicio de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH), Visión Mundial-Bolivia y la Red de Atención de Trata y Tráfico de Personas del Mercado Común del Sur y países asociados (RATT-Mercosur).
El objetivo de la RBTT es contribuir a la protección integral de niños, niñas, adolescentes y mujeres frente a los riesgos de la trata y tráfico mediante un plan de acción conjunta entre el Estado y las organizaciones comunitarias a partir de la prevención, sensibilización, comunicación y concienciación a nivel nacional, departamental y municipal.
De ese modo se comprometerá formalmente a las instituciones estatales y de la sociedad a emprender una lucha permanente y decidida contra la trata y tráfico de personas, con prioridad niños, niñas y adolescentes.
El retraso de la ley de Trata y tráfico de personas
El Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, impulsado por la diputada del MAS, Marianela Paco Durán, busca sancionar a los culpables de estas acciones penales con 20 años a la cárcel. Paco Durán, presidenta de Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informó que el Anteproyecto en todo el país fue socializado en mayo pasado: “El mes de julio sirvió para la recolección de aportes de las diferentes instituciones y se recibieron aportes significativos”, dijo.
El proyecto de ley establece tres mecanismos: el primero es el preventivo, el segundo es el de protección y asistencia a las víctimas y el tercer ámbito tiene que ver con la sanción de estos delitos, se prevé una sanción de 8 a 12 años de pena privativa de libertad.
Datos resumen
-Solos o acompañados. Los menores de edad viajan con parientes, amigos o bien solos.
-Pasos clandestinos. La presunción es que atraviesan áreas sin control policial.
-No hay registros. Las autoridades no poseen un registro oficial, sólo conocen casos.
-Permisos para salir. El Cónsul General en Argentina duda de la emisión de permisos.
Articulo original de: elpaisonline
